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Madrid ordena que se haga un estudio de impacto ambiental de la prisión PDF Imprimir E-Mail
Escrito por Luis Manuel Aznar   
domingo, 22 de marzo de 2009
Se quiere un estudio de impacto medio ambiental.
Se quiere un estudio de impacto medio ambiental.
La Delegación del Gobierno mantiene un silencio sepulcral sobre la mayor inversión en la historia de Ceuta: la construcción del nuevo centro penitenciario, valorado en casi ciento cincuenta millones de euros, unos veinticinco mil millones de las antiguas pesetas.

Es más, el propio delegado, José Fernández Chacón, cuando se le ha preguntado sobre este particular, ha preferido ‘mirar hacia otro lado’ y señalar que no ofrecerá una presentación oficial de esta inversión, hasta que consiga contar con todos los datos por parte de la propia Secretaría General de Asuntos Penitenciarios.
Incluso no ha querido entrar en ninguna polémica, ni con los parlamentarios nacionales del Partido Popular, ni con la ejecutiva de los populares, ni con determinadas centrales sindicales que critican el silencio gubernamental y algunos van más lejos al señalar que una inversión de esas características extralimita las propias necesidades de una población de Ceuta en materia penitenciaria.
Sin embargo, ahora ha aparecido un nuevo problema para el inicio de los trabajos del nuevo recinto penitenciario.
Aunque todas las gestiones que se realizan desde la Delegación del Gobierno se mantienen en el más absoluto de los secretos y el mismo delegado las lleva de manera personal e incluso sin avanzar demasiado a su propio equipo de colaboradores, lo cierto es que el Ministerio de Medio Ambiente ha sido inflexible a la hora de obligar a la redacción de un plan de impacto medio ambiental.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias redactó una memoria consultiva, donde se establecían las líneas maestras de la citada inversión, así como distintos aspectos relacionados con ese impacto medio ambiental que produciría la construcción del recinto penitenciario en la zona de García Aldave que se había elegido para la obra.
Además, tanto el departamento que preside Mercedes Gallizo como la misma Delegación del Gobierno eran partidiarios de iniciar las obras a la mayor urgencia posible, a partir de que finalicen el período de expropiación por interés publico que ya ha comenzado, a través de una resolución firmada por la misma secretaria general.
Sin embargo, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que dirige María Jesús Rodríguez de Sancho, ha sido inflexible y ha ordenado que es obligatoria la realización de un estudio de impacto medio ambiental de la inversión de la nueva prisión de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
A lo largo de estos últimos meses han existido contactos entre estos organismos dependientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Medio Ambiente, con la intención por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de que no se les obligara a la redacción del citado estudio, ya que entendían que habían observado todas las prescripciones obligatorias en su memoria consultiva.
Incluso, desde la propia Delegación del Gobierno se ha defendido la postura del departamento cuya máxima responsable es Mercedes Gallizo, pero la respuesta y los esfuerzos han sido negativos.
Medio Ambiente, después de haber solicitado una serie de informes previos, entre los que destacaban el pedido a la asociación Septem Nostra, ha sido absolutamente radical y obliga a que se adjunte ese estudio que luego deberá ser revisado por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
 
 
Inicio del proceso de expropiación
A mediados del pasado mes de febrero, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, firmó una resolución por la que se iniciaba el proceso de expropiación, basado en el interés público, de las parcelas donde se ubicará el futuro centro penitenciario de nuestra ciudad.
Existían un buen número de ellas que pertenecen al sector privado, pero también a la Administración General del Estado, en este caso, al Ministerio de Defensa.
Todo el proceso precisaba ya el tiempo en que se podían presentar las correspondientes alegaciones y ha supuesto el primer paso oficial para la construcción del nuevo centro penitenciario en nuestra ciudad.
 
Intento con todas las fuerzas
No ha sentado nada bien en la Delegación del Gobierno esta decisión del Ministerio de Medio Ambiente y más concretamente de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Y es que el mismo Fernández Chacón no ha permanecido al margen en este pulso entre organismos oficiales, sino que ha tomado parte al lado de Instituciones Penitenciarias.
Además, ‘El Faro’ ha podido conocer que desde la Delegación se ha buscado la adhesión a este proceso de todos los posibles altos cargos de la Administración, pero, al final, se han impuesto los criterios medio ambientales del Ministerio.
 
Impacto en el dominio público hidráulico
Uno de los problemas que planteaba la asociación Septem Nostra para que se sometiera la construcción de la nueva prisión a evaluación de impacto ambiental era la repercusión en el dominio público hidráulico.
Aunque en la memoria consultiva se señalaba que se había pedido consulta a la Delegación de la Confederación Hidrográfica en Ceuta, se indicaba que este organismo no había contestado.

Asociación
Para la asociación ecologista de nuestra ciudad ello no es óbice para no abordar el cumplimiento de la normativa referente a la protección y conservación del dominio público hidráulico.
Razonan que se da la circunstancia que el proyecto afecta a varios arroyos localizados en esa zona, como el de Ingenieros, Príncipe y Piniers.
Opinan que debería realizarse un estudio hidrológico, así como un informe exhaustivo por parte de los técnicos correspondientes  que establezca la afección del proyecto de construcción del nuevo recinto penitenciario en el dominio público hidráulico. 
 
 

El centro penitenciario invade un espacio protegido

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente se dirigió el pasado dieciocho de diciembre a la asociación Septem Nostra para consultar sobre los posibles impactos significativos del proyecto de construcción del nuevo centro penitenciario.
En la primera de sus aseveraciones se señala que la memoria consultiva había ignorado que el proyecto se pretende ubicar en un espacio protegido por la ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la ley 10/2006, de 28 de abril.
Entienden que el centro penitenciario afecta al denominado ‘Monte Benzú, de Ingenieros y sin denominación oficial’, perteneciente al Estado e incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública por la Orden Ministerial de 5 de Septiembre de 1934.
Señalan que la vigencia de esa declaración les fue confirmada a los responsables de Septem Nostra por la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del MARM, en escrito fechado el diez de junio del año pasado.  Igualmente, alegan que en el mencionado escrito se les indica que ese monte se encuentra afectado a la Defensa Nacional, “por lo que además del cumplimiento de la Ley de Montes, cualquier acción que les afecte deberá constar con informe favorable del Ministerio de Defensa”. Por otro lado, consideran que la afectación al entorno protegido de la Torre de Mendizábal, declarada Bien de Interés Cultural, no se ha resuelto de manera definitiva en la citada memoria consultiva.
Recuerdan que la Ley de Patrimonio Histórico Español prohíbe toda construcción que altere el carácter de los inmuebles declarados Bien de Interés Cultural o perturbe su contemplación. Dan cuenta de un informe de la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma donde se comenta que el proyecto del nuevo centro penitenciario invade parte del entorno protegido del mencionado fortín, por lo que se debería modificar la ubicación del mismo para evitar esta situación.


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Comentarios (3)
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1. 22-03-2009 09:38
 
Por qué no se preocupa tambien Septam Nostra por todo el espacio de monte que se ha utilizado para la construccion de viviendas en la barriada el principe, que el 80% son ilegales y en benzú que tienen comida toda la playa. Posiblemente eso no esté recogida en ninguna ley verdad? o no será que con la iglesia hemos topado.Si se preocupan tiene que ser de todo señores que se les ve el plumero.
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Juan
2. 22-03-2009 13:56
 
Resulta curioso la prisa que se están dando con esto y la poca prisa que siempre se ha tenido en construir un servicio básico para la población como es un hospital en condiciones, que tantos y tantos años se ha demandado y que por fin se está construyendo.
Guest
 
Resulta curioso...
3. 23-03-2009 21:20
 
Con los peperos hemos topado pues como ninguna obra importante (Parque Marítimo, nuevo Hospital, etc...) la han llevado a cabo ellos siempre pondrán mil y una pegas para que no se lleve a cabo la construcción de la nueva carcel.
Guest
 
Presidiario

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